Armero: tierra de muerte prolongada. Al mar blanco de algodón lo cubrió de grises cenizas y lodo la naturaleza. Por su parte, los desfalcos financieros y el abandono gubernamental le pusieron una negra lápida encima. La tragedia no terminó aquella noche, el desastre continúa.
El país aún se encontraba en estado de shock por los sucesos del ataque al Palacio de Justicia, cuando fue sacudido por la erupción del Volcán Nevado del Ruíz el 13 de noviembre de 1985, que dejó un saldo de 25 mil muertos, 15 mil damnificados y la cabecera municipal de Armero (Tolima) totalmente destruida. Así se lo contó al mundo Fernando Rivera, que piloteando una avioneta de fumigación divisó las ruinas: “No se ve nada, totalmente playa, arrasado totalmente”.
Armero, antes del desastre natural, era el municipio más importante del norte de Tolima. Con grandes industrias agrícolas de arroz y tabaco, y enormes extensiones de cultivos algodoneros. Era llamada ‘la ciudad blanca de Colombia’. Sus índices de producción eran tan elevados que le permitían competir de igual a igual con los mayores productores de algodón del país, en el norte del país; sólo hasta el día de la tragedia. Según Gustavo Quiñones, alcalde actual de Armero-Guayabal, y sobreviviente de la tragedia: “Después que se acabó Armero, el municipio fue congelado en la parte predial para que no se inflaran los impuestos por diez años y llegara la industria, pero la inversión nunca llegó y el municipio se desbalanceó”. “Aquí, una hectárea de tierra en la mejor parte vale 30 millones de pesos, pero está valorizada en 3”.
Como consecuencia de los daños ocasionados por la avalancha y la toma del Palacio de Justicia, efectuada seis días antes por el movimiento guerrillero M-19, el Gobierno Nacional declaró el 24 de noviembre de 1985 el Estado de Emergencia Nacional, con una vigencia de treinta y cinco días. Éste fue un mecanismo a través del cual el Presidente quedó facultado para expedir toda la legislación necesaria para atender la situación.
En el momento del desastre, el país no tenía ningún organismo que coordinara el tratamiento de una emergencia de esta naturaleza. “La desorganización en ese momento era tremenda, cada cual llegaba por su lado, no había un ente conductor que regulara las acciones de atención, rehabilitación y reconstrucción”, dice Hugo Gamba, coordinador de la Gestión del Riesgo.
Fuente Imagen: http://www.bilinguallibrarian.com/wp-content/uploads/2007/11/armero.jp
Como primera medida del estado de emergencia, se creó el Fondo para la Reconstrucción Resurgir, que se encargaría de la administración de los fondos estatales y donaciones privadas para los damnificados, para su posterior repartición y reconstrucción de los municipios afectados. El Presidente encomendó al arquitecto Pedro Gómez Barrero la tarea de gerenciarlo.
Dentro de sus funciones, Resurgir debía facilitar empleos para el consecuente ingreso familiar, implementar jornadas de salud física y mental para los damnificados y desarrollar programas de apoyo a la microempresa, además de la reconstrucción física de la cabecera municipal del nuevo Armero, completando así una reconstrucción integral. “Ayudas como tal, para montar microempresas, algo importante, no se ha visto reflejado, porque Armero-Guayabal posee toda la zona industrial que se programó para ese entonces y hasta ahora no ha llegado nadie a meterse ahí”, dice Quiñones.
Resurgir, en su documento constitutivo, y publicado por la Presidencia de la República en el libro El Volcán y la Avalancha establece la suma de 52 mil millones de pesos para ser invertidos en la reconstrucción de Armero, en un lapso de tres años, que comenzaron a contarse desde el 1 de enero de 1986. Resurgir entró en liquidación en 1988 bajo el decreto 2663, faltándole un año para culminar el plazo establecido inicialmente.
Los registros notariales y la entrega de las ayudas.
Haciendo uso de las facultades que lo otorgó el Estado de Emergencia, el Presidente estableció un régimen notarial especial para Armero-Guayabal, teniendo en cuenta que todos los registros notariales del antiguo municipio se los había llevado consigo la avalancha. Buscando eficacia, se nombró como notario a Carlos Alberto Duarte, quien se venía desempeñando como asistente del anterior notario, que renunció para recuperarse del impacto que significó haber perdido a su familia en el desastre.
Según Duarte, mediante el decreto 3809 de 1986: “Para el registro civil de nacimiento el proceso se hacía a través de la presentación de documentos que la persona en ese momento tuviera o que las oficinas del gobierno o instituciones pudiesen tener, para poder realizar la nueva inscripción y la reconstrucción de los folios”, y así poder certificar que era damnificado y requería la ayuda.
“Cuando fui a solicitar ayuda a la oficina de Resurgir en Ibagué, y la encargada me dijo que yo no era de Armero, le boté el carné en la cara y me fui. No fue justo, después de todo lo que nos tocó sufrir”, dice Fabio Rodríguez, damnificado. Trinidad Clavijo, también damnificada, coincide con Rodríguez: “En eso hay mucha gente infiltrada, que ni siquiera conocían Armero, ni vivían acá, y fueron los que más sacaron”.
Al día de hoy, el archivo notarial de Armero continúa incompleto: “Hemos buscado por otras fuentes: contralorías, procuradurías, donde haya archivos y no los hemos podido encontrar. Los estamos reconstruyendo, es muy difícil”, dice Quiñones.
Lo que en otros años fue abundancia, hoy es escasez. “Lo primero que hicimos fue velar porque la cabecera -del nuevo Armero- cayera en manos de Guayabal y no tuvimos en cuenta nada hacia futuro. Muy contentos con eso pensamos que con eso llegarían todas las ayudas, pero resulta que Armero-Guayabal fue totalmente abandonado, a pesar que la Carretera Panamericana nos cruza por el centro”, lamenta Quiñones. Por su parte Gamba afirma: “La cooperación y la solidaridad internacional fue mucha, tanta que el país no la supo controlar”.
Como parte de su proceso de liquidación, Resurgir suministró una cifra global de $16.748’469.951como el total de su inversión en la reconstrucción de Armero, dividida en dos años de funcionamiento: $7.448’469.951en 1986 y $9.300’000.000 en 1987. Cotejando estas cifras con la que el Gobierno manifestó haber suministrado para dicho proceso -52 mil millones de pesos-, existe un desfalco financiero de $35.251’530.049, equivalente al 67,3 por ciento del presupuesto del fondo.
“A pesar de las cifras, al señor Gómez lo premiaron con una embajada -la de Venezuela- y ahora es dueño de una de las constructoras más importantes del país”, dice Rodríguez.
Edwin Díaz Palma
Periodista Invitado
LA LUPA
Fuente Foto Sumario:http://www.notitarde.com/portadas/ediciones/aniver/aniver2006/imgespe/30G/1985/TRAGEDIA.jpg
No hay comentarios:
Publicar un comentario