Sociedad - CALI: ¿SUCURSAL DEL MIEDO?

La guerra en Colombia no es ni virtual, ni ficción, ni tampoco es un juego: la estamos viviendo en carne propia. Bogotá, Cali y Medellín –sólo por mencionar las ciudades más grandes del país– registran índices absurdos y vergonzosos de criminalidad, violencia e inseguridad urbana. Esto sin contar la guerra interna que vivimos desde hace más de medio siglo contra los grupos armados ilegales. De esa guerra no hablaré. Les hablaré de la verdadera guerra que nos desangra día a día: no nos queda mucho tiempo. Estamos muy cerca del game over.

Y es que no sólo nos hemos acostumbrado a las guerras, lo preocupante es que las disfrutamos: películas, series de televisión, caricaturas, debates, vídeos, convenciones, dibujos animados, reality shows, páginas web, fotografías, novelas, todas sobre beligerancia y destrucción. ¡Nos encantan! Por ejemplo: pregúntenles a los niños qué tipo de videojuegos compran. Les sorprenderá la respuesta.

También es un hecho que los colombianos hemos perdido la capacidad de asombro ante cualquier cosa: nada nos conmueve, nada nos parece extraño o fuera de lo común. Tampoco podemos negar que en Colombia a los guerreros se les dañó el corazón hace rato. ¡A todos! Y esto incluyendo al Ejército. Los más de 3 mil casos de crímenes de Estado o ejecuciones extrajudiciales (mal llamados ‘falsos positivos’) son una verdadera escoria y vergüenza de la cual los colombianos jamás nos repondremos ni tampoco perdonaremos (y mucho menos sus familias). ¡Jamás!

En el caso de Cali, por ejemplo, en el último puente festivo –del 13 al 16 de agosto– se registraron 103 personas heridas (32 de ellas por arma de fuego y arma blanca, según las autoridades). ¡Cifra preocupante! En el domingo 22 de agosto, una semana después, se registraron 1.612 casos de riñas en la ciudad en tan solo 12 horas. ¡Eso es absurdo! Pero ahí no termina todo: en ese mismo fin de semana, el sábado 21, un hombre asesinó a cinco personas en una fiesta del barrio Terrón Colorado. ¡Eso es ridículo! Pero hay más: la semana pasada, un hombre le disparó a su esposa y posteriormente se suicidó en el bario Chapinero. Y aunque no lo crean hay más: esta semana un hombre amenazó con degollarse o lanzarse de una torre ubicada en la Terminal de Transportes de Cali. ¡Esto es increíble! ¿Hasta qué punto hemos llegado? Y como dice el título de una película: ¿dónde está el policía?

No solamente han aumentado la criminalidad y la violencia, bien sea por la falta de presencia de la Policía o por el incontrolable desbordamiento de todo este problema; los hurtos callejeros también son el pan de cada día en esta ciudad. La inseguridad reina. Los caleños caminan en la calle con miedo, con terror.

Un Consejo de Seguridad convocado por la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle realizado la semana pasada, dio como resultado cuatro decisiones fundamentales con respecto a este tema: la primera tiene que ver con la conformación de un comité técnico interinstitucional que se encargará de evaluar el marco legal del porte de armas en la ciudad, cuyo resultado deberá ser presentado en esta semana, según el Alcalde de Cali (e), Carlos Alberto Rojas Cruz; la segunda es un plan de desarme ciudadano: la idea es desarmar a todos los caleños; la tercera tiene que ver con la gestión que se hará con la bancada de congresistas para coordinar con el gobierno nacional acciones que permitan asegurar y blindar los resultados en la ciudad; y la cuarta se centra en la decisión de hacer un acompañamiento expreso a los temas que tienen que ver con la articulación de porte de armas, el licor y las sustancias alucinógenas.

Sí, todo eso parece ser muy bonito. Son buenas iniciativas (en el papel). Pero ¿cómo desarmar a los caleños? ¿Cómo se van a realizar estos cuatro proyectos? ¿Sí son viables? Por ejemplo: ¿cómo desarmar a un menor de edad que por homicidio recibe como pago 300 ó 400 mil pesos? ¿Querrá desarmarse? No lo creo. Es una propuesta bastante inocente e ilusa.

¿Qué tanto bien o mal hacen las novelas o programas sobre pandillas, organizaciones narcotraficantes o bandas criminales en Colombia? El eterno debate. ¿Son una apología o reflejan la realidad nacional para poder enseñarla y prevenirla? El debate sigue abierto y jamás de cerrará.

Ahora bien: lo que la gente tampoco sabe es que, en departamentos como el Cauca, algunos integrantes del Ejército Nacional están vetando de sus ruedas de prensa y declaraciones a medios de comunicación como Noticias Caracol por registrar e informar lo que en este departamento está sucediendo. Por eso, corresponsales de este medio tuvieron que escribirle una carta a la Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip) por si algo llegaba a ocurrirles.

Si los medios (privados e independientes) están siendo vetados y amenazados en algunas zonas del país, ¿cómo visibilizaremos la barbarie que sufrimos a diario?

Si seguimos así, Colombia se va a convertir –y no le falta mucho– en la fosa común más grande del mundo.

Por otro lado, tenemos que aceptarlo: las FARC no están derrotadas. No lo están. Ellas son las que por estos días están arreciando (sobre todo en el Cauca y en otros departamentos desprotegidos).  Pero ante todo hay que dejar en claro que éste grupo guerrillero no constituye el problema más grande del país hoy en día. Eso debe quedar totalmente claro. Las bandas criminales, los ‘combos’, las pandillas juveniles y las nuevas bandas paramilitares (conformadas en su mayoría también por menores de edad) son el cáncer creciente de nuestro país. Y esta enfermedad ya hizo metástasis en todo el territorio nacional.

Por eso, con respecto a los menores: se nos ‘salieron de las manos’ desde hace mucho rato. Son utilizados para realizar crímenes porque no son judicializados o encarcelados. Por eso hay que reformar la Ley de Infancia y Adolescencia para aumentar las penas y disminuir la edad de imputabilidad penal. Si son capaces de delinquir como mayores, deberían responder de igual manera. Pero hay un gran inconveniente con la reclusión de menores: por cada uno que ingresa a algunos centros de rehabilitación –unos manejados por el sector privado y otros por algunas ONG– el ICBF les paga cerca de un millón 500 mil pesos. Es todo un ‘carrusel’. En conclusión: a estas empresas u ONG, que son dueñas de estos centros de reclusión juvenil, les conviene más que los menores ‘se vuelven’ para que cada día ingrese uno nuevo y por así recibir este pago.

Entonces lo primero que se debe hacer es quitarles el negocio redondo a estas organizaciones.  Lo ideal es que todo esto lo maneje el Estado. De igual manera, es vital crear una especie de Inpec de Infancia y Adolescencia que controle estos centros de reclusión juvenil. Esa es la única manera de vigilarlos y poder así evitar que se escapen o vuelvan a delinquir. Todo esto con el fin de evitar –de una vez por todas– que la utilización de menores en la delincuencia y en las organizaciones criminales siga siendo un negocio muy rentable y provechoso.

La pregunta con todo esto es: si se modifica esta Ley, ¿en dónde se recluirían todos estos menores que serían procesados? Obviamente tendría que haber más centros penitenciarios, que no está de más decirlo: la mayoría tiene sobrecupo.

¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¡Lo que quiera que se haga debe hacerse ya! ¡Las propuestas o proyectos de ley que vayan a ser presentados al Congreso deben presentarse ya!

Presidente Juan Manuel Santos, ministro Rodrigo Rivera, administraciones departamentales y municipales, tienen ustedes la palabra.

Camilo Montoya Yepes

Periodista LA LUPA

camilomontoyayepes@gmail.com

Fuentes fotográficas:

Foto sumario: http://www.noticias24.com

Foto cuerpo de texto: http://www.taringa.net