sábado, 7 de noviembre de 2009

Opinión - EL FIN DE LA DEMOCRACIA COLOMBIANA

“Colombianos, las armas os han dado independencia, pero sólo las leyes os darán libertad”. Francisco de Paula Santander.


Para el estudio de las ciencias políticas, la democracia es la más sólida plataforma estructural con la que puede contar una sociedad. Sin embargo, esta democracia está siendo resquebrajada con una eventual segunda reelección del presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, ya que representa una violación a la Constitución de 1991. Por ende, la aprobación del referendo que está siendo estudiada por la Corte Constitucional podría acabar con el Estado de Derecho y con un siglo de prácticas democráticas.


Si bien el referendo para la segunda reelección del Presidente está amparado bajo el rótulo de iniciativa popular, ésta no tiene la capacidad para modificar la Constitución de la manera como lo está haciendo. Para ilustrar este hecho, es preciso revisar a Joseph F. Zimmerman (1992) quien afirma que “El referendúm está basado en la idea de que la capacidad de juicio de los votantes es mayor que la de sus representantes electos y de que hay asuntos fundamentales que solamente deben ser decididos por el electorado” (p.172).

Según esto, no sería inconstitucional lo que se está llevando a cabo en Colombia. Sin embargo, no se tiene en cuenta que estas iniciativas populares tienen la capacidad de modificar la Constitución de forma pero no de fondo; y la aprobación de una ley que promueve la reelección presidencial implica un cambio de fondo en la estructura de la norma, facultad que se puede realizar sólo por intermedio de una Asamblea Constituyente (como la de 1991).

A su vez, no se puede olvidar los vicios que se encontraron en el beneplácito del referendo del 2004. Entre ellos, el más evidente y bochornoso para la legitimidad política y democrática del país es el caso de la “Yidispolítica”. Hace un año, la senadora Yidis Medina aceptó que vendió su voto para que se aprobara dicho referendo. Sin embargo, y pese a esta muestra de corrupción, aún se insiste por un tercer mandato de Uribe.

Por otra parte, una de las mayores amenazas con esta situación es la de relegar a un segundo plano el hecho de que Colombia es un Estado Social de Derecho, según quedó estipulado en la constituyente de 1991. Claramente lo enfatizan Caballero Y Martínez (2005):

El Estado Social de Derecho es un modelo político diferente al de la Constitución de 1886. A este modelo se encuentran sometidos todos los organismos y funcionarios que en cumplimiento de sus labores o funciones deben operar a partir de los principios de eficiencia, eficacia, igualdad, celeridad e imparcialidad para el cumplimiento de los fines del Estado.

Pero para justificar sus intensiones personales, el presidente Uribe empezó a introducir en el ámbito de la política nacional que en Colombia hay un Estado de Opinión superior al Estado de Derecho. Este Estado de Opinión no es más que la voluntad de las mayorías que apoyan al Presidente. En un artículo publicado en el portal web de la presidencia titulado “Palabras del Presidente Álvaro Uribe durante la cena ofrecida en honor de los Príncipes de Asturias”, del 27 de mayo de este año, el mismo Uribe se refería así sobre el Estado de Opinión:

Diría que Colombia está en la fase superior del Estado de Derecho, que es el Estado de Opinión. Aquí las leyes no las determina el presidente de turno. Difícilmente las mayorías del Congreso. Todas son sometidas a un riguroso escrutinio popular, y finalmente a un riguroso escrutinio constitucional.


               Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Pero esta falacia no es más que una artimaña de la que se vale el Gobierno para poder seguir construyendo su proyecto político y volverlo legítimo a través del apoyo que las mayorías le aportan. De esta manera, están pisoteando tranquilamente la constitucionalidad del Estado y, como si fuera poco, manipulando a la población. No en vano cuatro senadores de la República: Jairo Clopatofsky, Jorge Robledo, Héctor Helí Rojas y Jorge Vélez (conferencia Universidad de La Sabana, VI Semana de la comunicación, 2009), estuvieron de acuerdo en que en Colombia prima el Estado de Derecho. Todos, a pesar de ser de diferentes partidos políticos, e incluso uribistas, como el caso de Vélez, coincidieron en que un Estado no puede basarse única y exclusivamente en la opinión de las mayorías para la toma de decisiones.
Sumado a lo anterior, este fenómeno de la perpetuación en el poder por parte de Uribe Vélez empobrece el carácter pluralista de la democracia. Incluso, hace parte del brote del resurgimiento del populismo en América Latina. Se conoce de antemano que el populismo pretende hacer ver al líder o jefe de gobierno como el único salvador de una nación. Este populismo es una legitimación que se gestiona por medio del carisma, como lo señala Marina, José Antonio (2008), y que tiene como característica principal la representación de todo un pueblo a través de la figura de un líder, de carácter de salvador.
Con estos acontecimientos, la democracia y la legitimidad de las instituciones del estado se deterioran cada vez más. Por más que las mayorías sean seguidoras uribistas, es necesario reconocer que esas mayorías difícilmente saben qué es lo que quieren y qué es lo que se debe hacer. Y aquí cabe recordar uno de los principios básicos de las Teorías de la Comunicación que se enfatizaba en que las decisiones tomadas en consenso, por lo general, son las peores. Para ilustrarlo, cabe citar de nuevo a Zimmerman: “La representación de la ciudadanía en la democracia debería ser simbólica. No se debe dejar en ella la responsabilidad del futuro de los Estados, la mayoría de politólogos no son muy partidarios de las leyes hechas por los ciudadanos”.
Ante el oscuro panorama en el que se encuentra el escenario político, es necesario darse cuenta de que la constitucionalidad del país está en peligro con la segunda reelección del Presidente. A su vez, la democracia, con este tipo de iniciativas, se degrada paulatinamente y los más afectados son los propios ciudadanos, ya que son manipulados creyendo que el Gobierno actúa para suplir sus necesidades. Si no se frena esta bola de nieve que empezó a crecer con la aprobación del primer referendo reeleccionista en 2004, el Estado será aplastado irrevocablemente ye se perderán los avances que había logrado el puñado de estudiantes, docentes y políticos con la Asamblea Nacional Constituyente.

Luis Gabriel Ángel Rodríguez
Periodista LA LUPA



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