Para lograr un juicio acoplado y consciente de la realidad con respecto a los famosos casos de interceptaciones ilegales protagonizados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se debe recurrir a los objetivos, funciones y derechos que se le concedieron a ésa institución, en el momento en que fue creada el 31 de Octubre de 1953 (bajo el nombre de Departamento Administrativo de Servicio de Inteligencia Colombiano).
Colombia había acabado de pasar por los trágicos acontecimientos del 9 de Abril de 1948, donde una guerra urbana se desató entre protestas, saqueos y la provocación de incendios en la ciudad de Bogotá, tras el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán.
En el gobierno militar que sucedió luego del ‘bogotazo’, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, preocupado por la desprotección que tenía la seguridad nacional en ese entonces, decidió crear un ente que fuera la mano derecha de los gobernantes al mando político del país. Dicha institución, debía ser de máxima confianza y lealtad para la cúpula política de la república, y además, tendría gran responsabilidad en la permanencia confidencial de todas sus operaciones de inteligencia, según las órdenes de sus creadores, inspirados en las más experimentadas agencias secretas de seguridad de Norteamérica y Europa.
Es así, que surge la duda: ¿cómo no se calcularon las consecuencias de la libertad operacional de una entidad gubernamental como el DAS? Porque debe quedar claro, que con el consentimiento de los presidentes de turno y sus gabinetes, ésta institución, durante más de medio siglo, tuvo la “misión imposible” de tener conocimiento de los movimientos y proyectos de la oposición política (entre otras responsabilidades). Y sin lugar a dudas, por la vía del respeto de los derechos humanos no tendrían resultados rápidos, efectivos, ni mucho menos confiables. Sólo cuando los medios de comunicación se filtraron en sus misiones operativas, se les reconoció públicamente como una organización que se valía de métodos convencionales pero ilegítimos para salvaguardar la seguridad nacional, que los mandatarios de Colombia (unos más que otros) siempre han recelado.
Ahora bien, cuando un gobierno habla de seguridad nacional, habla de la seguridad propia de sus políticas y la perdurabilidad de las mismas en el poder. De tal forma que entidades como el DAS, en muchos países del globo dedican su labor al amparo de esa “seguridad” de tener bajo control a la opinión pública, para evitar percances que pongan en riesgo el Estado democrático por el que se encuentran presuntamente comprometidos. Para eso son creadas tales instituciones; esa es su función.
Cuando una institución con funciones de tan grandes magnitudes, tiene además el consentimiento o aprobación de la presidencia y del poder de un país, tiende a sobrepasar los límites. De eso fuimos testigos todos los colombianos, cuando desde principios del año 2009, exhaustivas investigaciones periodísticas confirmaron el pensamiento maquiavélico de los procedimientos ilegales que llevaba a cabo el DAS: durante los dos mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez, la central de inteligencia realizó interceptaciones ilegales (coloquialmente conocidas como ‘chuzadas’) en la intimidad y libertad de líderes de oposición, periodistas y magistrados de la Corte Constitucional.
Éticamente las ‘chuzadas’ no tienen salvación. Corresponden a la violación de los derechos humanos y civiles de los interceptados. Incluso desde una postura anti-naturalista sería reprochable, por la falta de argumentos que expone un objetivo colectivo como lo es la protección de la seguridad nacional, ante un quebrantamiento de los derechos individuales que tiene cada persona dentro de una democracia. Además, tal contravención por la intimidad de algunos, influye directamente sobre la tranquilidad y la paz interior de cada hombre y mujer que compone la nación, ante la inseguridad de estar siendo perseguida por los entes gubernamentales de control, como el DAS. Son mayores los perjuicios que los beneficios, arraigados a la actitud manipuladora e hipócrita de la supuesta sobreprotección estatal.
Con la puesta en público de estas interceptaciones ilegales, el Departamento Administrativo de Seguridad resultó vencido. Perdió mucho más que con los escándalos protagonizados por su ex director Jorge Noguera, al utilizar los servicios de inteligencia gubernamental en beneficio de grupos paramilitares al margen de la ley en el 2007. Actualmente, el reciente gobierno de Juan Manuel Santos proyecta la desaparición del DAS, aunque sea una solución simbólica sin buenas consecuencias; al fin y al cabo, se creará otra institución similar, con distinto nombre para borrar del todo una imagen pública negativa en el amnésico recuerdo colombiano.
El DAS, como cualquier otra agencia “secreta” de inteligencia estatal que se respete, ha sido acusada en numerosas ocasiones de la historia contemporánea de Colombia, por ser la matriz de asesinatos a líderes políticos, periodistas y personajes representativos para la gestión del conflicto armado interno (como Jaime Garzón).
Mientras el DAS exista, a los colombianos no nos sorprenderán más casos de desapariciones, interceptaciones, e incluso asesinatos ejecutados por ésa institución. No se puede corregir lo que nació malintencionado. Al perro no se le pude ordenar que deje de caminar en cuatro patas.
Esteban Alvarán Marín
Periodista LA LUPA
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