Actualmente, la deuda que enfrenta el Gobierno con las EPS, por medio de los entes territoriales, es de aproximadamente $500.000 millones. Si no actúa ahora, en el 2011 podría llegar a ser 6 billones de pesos.
Es claro para todos los colombianos que el problema de salud en Colombia viene desde mucho tiempo atrás: cuando los entes territoriales exigían a sus congresistas una solución, pues el dinero destinado a cada municipio era gastado, prácticamente en su totalidad, en medicamentos y tratamientos que no estaban dentro del Plan Obligatorio de Salud.
Este problema es bastante complejo debido a la cantidad de tutelas impuestas por los pacientes que, por lo general, la corte fallaba a su favor. Así, se exigía la entrega de medicamentos, programación de cirugías y tratamientos que no estaban incluidos dentro del POS, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo.
Actualmente, la deuda que enfrenta el Gobierno con las EPS, por medio de los entes territoriales, es de aproximadamente $500.000 millones. Si no actúa ahora, en el 2011 podría llegar a ser 6 billones de pesos.
Estos decretos son realmente absurdos, en especial el 128. Cómo puede ser posible que una persona que necesite un tratamiento médico, tenga que pagarlo por medio de sus ahorros en cesantías. Lo peor del caso es que en el artículo 16 del mismo decreto dice: “El Gobierno Nacional reglamentará esquemas de financiación que puedan ser desarrollados e implementados por las entidades del sector financiero, cooperativo y cajas de compensación proporcionando a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud acceso a líneas de crédito que les permitan financiar las prestaciones excepcionales en salud, en lo que a ellos corresponda. Para cubrir las obligaciones derivadas de las prestaciones excepcionales en salud los afiliados también podrán utilizar parcial o totalmente el saldo sin comprometer, que mantengan en su cuenta individual de Cesantías, ya sea de manera directa o mediante su pignoración”.
En la mente de qué individuo cabe la idea de que para realizar un tratamiento médico, tenga que realizarse un préstamo bancario; o peor aún, hacer uso de las cesantías. Este decreto es realmente el más controversial de todos, y el más radical. Lo que antes se denominaba medicamento no POS (o sea, que no estaba incluido en el POS) ahora se denomina “Prestaciones excepcionales es salud”.
Un tema importante es el hecho que justo ahora se declare Emergencia Social en Salud, si el gravamen de la salud en Colombia es un problema complejo que viene de hace mucho tiempo atrás. Cabe la duda sobre si el gobierno, para enfrentar el enorme hueco fiscal, haya invertido el dinero de la salud en TES (títulos emitidos por el gobierno, para financiar la deuda fiscal), y que no pueda hacer uso de este dinero por que la inversión se puede hacer liquida dentro de poco más de un año. Resulta inaudito que el Gobierno financie el déficit fiscal con los dineros de la salud.
Parece, de pronto, cómo todo empieza a “cuadrar”: el gobierno con deuda fiscal invierte el dinero de la salud. Como no puede responder por ese dinero aún, declara Emergencia Social, con el fin de que los decretos no tengan que pasar por el congreso, para que sean aprobados unánimemente sólo por los Ministros y, gracias a que se declara Emergencia Social, se crean exorbitantes impuestos a la cerveza, cigarrillos y juegos de azar.
Con ello, se logra todo lo contrario: se beneficia la burocracia y se crean decretos absurdamente nocivos para la salud de los colombianos, totalmente opuesto a lo planteado por el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina Ricardo Rozo Uribe: “La reforma se debe convertir en un instrumento efectivo para mejorar la atención del paciente, una atención centrada en la persona humana, reafirmando la medicina como la más humana de las ciencias”(*).
No se trata de ver si es bueno o es malo, eso lo puede deducir un teólogo. El punto es qué tanto beneficia a los colombianos los decretos de Emergencia Social; a quiénes afecta; por qué los afecta; y qué implicarían. Claramente, como es costumbre, afecta a la población de más bajos ingresos; también a quienes sufren de graves enfermedades con costosos tratamientos como SIDA, cáncer, etc. Los afecta porque ambos tienen que cancelar sus tratamientos, sea el costo que sea. se habla de la creación del FONPRES, entidad encargada de administrar los recursos captados por los impuestos y que distribuirá según la ¡capacidad de pago! Sólo una parte del costo total de las prestaciones excepcionales es salud. Y obviamente, esto implica un colapso en la prestación de los servicios de salud.
Como lo afirmó el diario El tiempo Álvaro Cardona, decano de la Facultad Nacional de salud Pública de la Universidad de Antioquia, "la reforma es un golpe de mano al Congreso de la República y a la Comisión de Regulación en Salud, y una bofetada a la atención en salud de la población no rica, que son la mayoría de los colombianos". Si realmente no hay motivo suficiente para declarar Emergencia Social, y el problema tiene soluciones más viables, la Corte puede tumbar todos los decretos, sólo queda esperar si el rompecabezas del gobierno se puede armar y los colombianos nos sometemos a un país que hace cada vez más pobres a los pobres.
* Pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame). Presidencia de la República [online]. Colombia: [citado Febrero 14 de 2010]. Disponible en internet: < http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/febrero/12/11122010.html >
Camilo Porras
Analista Económico LA LUPA
lalupaopinion@gmail.com
Fuente imagen Sumario: El Espectador. http://static2.elespectador.com/files/images/mar2009/ac8e161a317d94adc116383406c9db70.jpg
Fuente imagen Cuerpo de Texto: Dinero. http://www.dinero.com/photos/Generales%5CImgArticulo_T1_18141_200835_183029.jpg
No hay comentarios:
Publicar un comentario